Cláusula penal y responsabilidad contractual en Colombia: claves para empresarios y abogados

En el mundo de los negocios, los contratos son la herramienta que da seguridad a las relaciones comerciales. Sin embargo, no basta con firmar un acuerdo: es fundamental prever qué ocurrirá si una de las partes incumple. En Colombia, dos figuras jurídicas concentran esta discusión: la cláusula penal y la responsabilidad contractual por incumplimiento.

En este artículo encontrarás una guía práctica y actualizada —con base en el Código Civil, el Código de Comercio y la jurisprudencia de la Corte Suprema de Justicia— para entender cómo funcionan estas herramientas, cuáles son sus diferencias y cómo usarlas de forma estratégica en la redacción de contratos.

Marco legal: lo que dice la ley colombiana

• Código Civil (arts. 1592 a 1601):

  • La cláusula penal es una pena pactada para asegurar el cumplimiento.

  • Su carácter es accesorio: si la obligación principal es nula, la pena también lo es.

  • Por regla, no se puede exigir a la vez cumplimiento e imposición de la pena, salvo que se trate de retardo (moratoria) o que se pacte expresamente la acumulación.

  • Si hay cumplimiento parcial, el juez puede reducir proporcionalmente la pena.

  • En principio, la pena sustituye la indemnización de perjuicios, salvo pacto contrario.

• Código de Comercio (art. 867):

  • En contratos mercantiles, cuando la obligación principal es pagar dinero, la pena no puede superar el 100% de la prestación.

  • Esto marca una diferencia importante con el régimen civil, que admite hasta el “duplo” (el doble del valor).

    
    

Responsabilidad contractual vs cláusula penal: diferencias prácticas

• Responsabilidad contractual: exige probar el contrato, el incumplimiento, el daño y el nexo causal. La indemnización busca una reparación integral (daño emergente y lucro cesante).

• Cláusula penal: actúa como una liquidación anticipada de perjuicios. Basta probar el incumplimiento o el retardo para exigirla, sin necesidad de acreditar daño ni cuantía.

👉 Ejemplo práctico:

• Si no hay cláusula penal → el acreedor debe probar y cuantificar los daños.

• Si existe cláusula penal → el acreedor elige entre exigir la pena o la indemnización (salvo que se haya pactado la acumulación).

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Jurisprudencia reciente: Corte Suprema de Justicia

En la sentencia SC507-2023, la Corte Suprema reiteró que la cláusula penal cumple tres funciones:

1. Coercitiva (presiona al cumplimiento).

2. Garantía (respalda la obligación principal).

3. Liquidatoria (fija de antemano los perjuicios).

La Corte también precisó:

• La pena moratoria puede acumularse con el cumplimiento.

• La pena compensatoria excluye exigir cumplimiento, salvo pacto distinto.

• Procede la reducción proporcional si hubo cumplimiento parcial.

• El debate sobre si la pena debe indexarse o actualizarse depende de lo pactado y de criterios de equidad.

  
  

Checklist para redactar contratos con cláusula penal

Si eres empresario o asesor jurídico, ten en cuenta estos puntos al negociar y redactar:

1. Define el hecho generador: ¿la pena será por retardo (moratoria) o por incumplimiento definitivo (compensatoria)?

2. Aclara la acumulación: salvo pacto expreso, no se puede cobrar pena + indemnización.

3. Respeta los topes legales:

   • En comercio: máximo el 100% si la obligación es de dinero.

   • En civil: evita la “pena enorme” (el duplo).

4. Prevé la rebaja proporcional: establece fórmulas para el cumplimiento parcial.

5. Alinea con otras cláusulas: coherencia con intereses moratorios, seguros y limitaciones de responsabilidad.

   
   

Conclusión: la clave está en el diseño contractual

La cláusula penal es una herramienta estratégica que simplifica la reclamación en caso de incumplimiento y evita procesos probatorios complejos. Por su parte, la responsabilidad contractual permite reclamar reparación integral cuando no existe cláusula penal o cuando los daños superan la suma pactada.

En la práctica, lo esencial es decidir ex ante:

• ¿La cláusula penal será moratoria o compensatoria?

• ¿Se permitirá acumularla con la indemnización?

• ¿Está calibrada dentro de los límites legales?

La jurisprudencia reciente de la Corte Suprema confirma la importancia de estos puntos y brinda a empresas y abogados una hoja de ruta clara para negociar y prevenir riesgos.

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